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La Comisión de Ética del Congreso decidió blindar a Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Congreso, y limitar la investigación a la organización de una fiesta que terminó con un crimen en el distrito de Lince. A pesar de las acusaciones de contrataciones irregulares y nepotismo en su despacho, la comisión desestimó centrarse en esas denuncias. Sin embargo, solo tres congresistas votaron a favor de investigar a Amuruz por las contrataciones, mientras que doce votaron en contra.
Esta decisión ha generado controversia, ya que se cuestiona la imparcialidad de la Comisión de Ética y se critica que no se estén investigando todas las acusaciones en su contra. Además, se ha puesto en duda la transparencia y la ética de los congresistas involucrados en este caso. La sociedad espera que se realice una investigación exhaustiva y se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el Congreso.
Además de la decisión sobre Rosselli Amuruz, la Comisión de Ética también debatirá la investigación contra Alejandro Soto, presidente del Congreso. Se han presentado diversas acusaciones en su contra, como la presunta contratación de allegados a su núcleo familiar en su despacho y la creación de un centro de troles utilizando personal del Congreso. Sin embargo, la única acusación que será investigada es su presunta injerencia en la aprobación de una ley para evadir la cárcel.
Esta investigación es de suma importancia, ya que se trata del presidente del Congreso y se espera que se esclarezcan todas las acusaciones en su contra. La sociedad exige transparencia y honestidad en el ejercicio de la función pública, y es responsabilidad de la Comisión de Ética garantizar que se realice una investigación exhaustiva y se tomen las medidas necesarias en caso de encontrar irregularidades.