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Iniciará trabajos para conseguir suprimir esta norma aprobada en la época de Aznar y señala a Madrid como la región con más privatización
MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) –
Unidas Podemos ha renovador este jueves sus planes para conseguir derogar la ley 15/1997, gestada en la época del Gobierno de José María Aznar, y concluir con el ámbito que permite la dirección indirecta de empresas en hospitales de titularidad pública, con el objetivo de evitar futuras privatizaciones .
Así lo han trasladado en rueda de prensa el portavoz del rama parlamentario en el Congreso, Pablo Echenique, y la responsable de Sanidad de Unidas Podemos en la Cámara Víctima, Rosa Medel, para subrayar que suprimir dicha ley investigación «chapar» el maniquí de dirección pública directa, máxime tras un contexto de pandemia donde se ha evidenciado la importancia de robustecer la sanidad pública.
Además han detallado que esta iniciativa, en la que ya trabajan para que pueda impresionar en un futuro al Congreso, forma parte del acuerdo de coalición suscrito por el PSOE y, por consiguiente, el Servicio de Sanidad y los socialistas conocen sus planes.
Por lo tanto, se pondrán a la tarea de redactar los textos legislativos pertinentes para la derogación de todas aquellas leyes de ámbito estatal que «abrieron la puerta a la privatización», muy especialmente sobre el caso de la mencionada ley de 1997.
Entreambos se han referido como «buena información» a la futura «desprivatización» del Hospital de Torrevieja, centro que será tramitado directamente por la Generalitat Valenciana cuando termine este año la concesión administrativa, al igual que se hizo incluso previamente con el Hospital de Alzira.
Según han explicado desde la formación morada, «queda perfectamente claro que es posible desandar la nefasta senda de la privatización de la sanidad pública», pero ha señalado que eso «no hilván» con las reversiones y deben evitarse que ejecutivos autonómico en manos de «partidos neoliberales» avancen en nuevas concesiones a empresas privadas.
Durante su comparecencia, Echenique ha defendido que la dirección pública directa es «más eficaz» y ha relatado que un referencia de la Alianza de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública expone que Madrid es la región con más privatizaciones en la sanidad pública, y incluso es la que último porcentaje de dependencia de vacunas contra el Covid-19 sobre el número de dosis entregadas, solo por delante de la ciudad autónoma de Melilla.
Además ha citado un estudio que cuantifica un sobrecoste del 15% por cama habilitada en los hospitales externalizados en los municipios madrileños de Torrejón, Valdemoro y Collado Villalba respecto a los de dirección directa, y que en otros centros con parcelas de dirección indirecta en Madrid (citando los casos de Parla, Aranjuez, Coslada, Arganda o San Sebastián de los Reyes) suponen incluso un 39% más de desembolso.
A su vez, Echenique ha aludido incluso al caso de la Fundación Jiménez Díaz, incluso en Madrid, con un concesión de ámbito sanitaria y con datos que apuntan a un sobrecoste, en comparación con centros de dirección directa, que van del 50 al 550% en diversos diagnósticos y tratamientos sanitarios.
Por consiguiente, el portavoz de Unidas Podemos ha calificado de «neoliberal» el maniquí de concesión de dirección a empresas privadas y ha concluido que si se opta por ello es por «ideología» o incluso «corrupción», a tenor de los sobrecostes.
En esta partidura, Medel ha destacado que la dirección indirecta a empresa privadas supone «cambiar la visión de la sanidad pública» al producirse «de ser un derecho a un negocio», encima de una «ruptura» con el principio de «equidad» del Sistema Doméstico de Salubridad.
Y es que la diputada ha sostenido que los pacientes adscritos a áreas de dirección privatizada padecen una último ratio de profesionales que pueden «poner en aventura su sanidad», puesto que la seguridad del paceinte depende «en gran medida» del número de sanitarios disponibles por residente.
En este sentido, ha citado el acuerdo de coalición que establece el ataque del «protección» de la dirección pública directa con la derogación de la ley aprobada por el Ejecutante de José María Aznar, para desgranar que la privatización se puede acometer con «mucha facilidad» pero luego es un «calvario» revertirla, como pasó en la Comunidad Valencia con hasta nueve posibles por parte de la antigua concesionaria del Hospital de Alzira. Un centro, encima, que al producirse a ser gestionada directamente por la Consejería de Sanidad se tuvo que incrementar la plantilla un 400%.
«Es necesario modificar la ley e impedir nuevas privatizaciones que hacen daño a la sanidad y la sanidad pública. La sanidad es un derecho constitucional, la función de servicio manifiesto retrete es defender a los pacientes y despabilarse la equidad. Por esas características, el negocio no tiene cabida aquí», ha zanjado Medel.
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