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Madrid, 30 de diciembre (Europe Press) –
La presidenta interina del Comité Civil Putosinista (Comsipo), Roxana Graz, el exlíder civil Marco Antonio Pumari, sigue pendiente de ser trasladado a otro centro penitenciario del Penal de Uncia una semana después de la sentencia judicial. . .
“El señor Pomari es un preso con posibilidad de que lo trasladen a la cárcel de Cantomarca. Sigue haciéndolo, pero quieren evitarlo. Se presiona a los presos de Cantomarca para que firmen un documento y” Firmen. No (producción), “Dijo Gratz, como se indica en” Deber “.
El 22 de diciembre, las autoridades judiciales ordenaron el traslado de Pomari desde el Penal San Miguel, ubicado en la céntrica ciudad de Ancia, a Cantomarca, en el distrito de Potosí, tras conocer un período de detención de seis a cuatro meses. Detención de un líder civil acusado de cinco delitos en el contexto de las elecciones de 2019.
La presidenta interina de Comsipo, Roxana Graz, dijo que la noticia fue un “éxito” y que la transferencia se produciría dentro de las próximas 72 horas. Una semana después del veredicto, Pomari permanece en la cárcel de Uncía en el municipio de Betanzos, uno de los principales baluartes del gobernante Partido Movimiento al Socialismo (MAS), según su defensa legal.
Por su parte, la esposa del líder civil, María Isabel Cossi, confirmó que el martes no se había emitido la orden de traslado, aunque no brindó mayores detalles. El abogado de Pomari, Rafael Montoya, está considerando una denuncia constitucional para su liberación, según El Potosí.
Con respecto a sus compañeros líderes del movimiento, Graz condenó el miércoles de esta semana que “todavía están escondidos” y expresó su preocupación por “la situación en la que se encuentran”.
El titular de Comsipo se reunió este miércoles con el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien pidió “la unidad de toda Bolivia” para “luchar por la democracia, la libertad y la justicia contra la dictadura, el abuso y la violencia”. “Fue creado por un gobierno opresivo”.
Según el diario El Deber, Calvo destacó que “el gobierno busca la división para dominarlo como resultado a través de ‘mensajes de odio, resentimiento y enfrentamiento’ y ‘políticas de racismo y discriminación’”.
Tras su arresto, los defensores de Pomari han pedido reiteradamente su liberación y han realizado manifestaciones para negar el “acoso político” que, según dicen, se está experimentando en Bolivia.
Fuentes oficiales señalaron que Pumari atacó los colegios electorales y aseguraron que las elecciones de octubre de 2019 habían sido amañadas, dos días después de las elecciones en las que el expresidente Evo Morales ganó las elecciones.
Por todas estas razones, Pomari fue acusada formalmente de vandalismo y vandalismo de propiedad estatal, daños elegibles, robo, robo agravado y obstrucción del proceso electoral. Quisap aprovechó para desmentir que se tratara de una “persecución política”, tal como lo han condenado diversos actores de la oposición y el movimiento civil antigubernamental.
Pomari es uno de los líderes de las protestas de noviembre de 2019, que culminaron con la renuncia de Morales y el posterior ascenso de Janine Aniz a la presidencia de Bolivia. Un ex miembro del Comité Civil fue condenado por presuntos delitos de terrorismo y sedición por su participación en las protestas postelectorales.
Las tensiones entre el partido gobernante y la oposición son mayores en Bolivia, especialmente en los distritos de Potosí y Santa Cruz. Ambos se centraron más en las últimas protestas contra el gobierno, que se oponían a la ley contra el lavado de dinero, que finalmente fue derogada.