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El gobierno quiere elevar el nivel de la ley el rol de los bancos para actuar de manera transparente y honesta

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Requerirá de sistemas internos especiales para regular las reglas de conducta y protección de los clientes

MADRID, 20 de octubre (EUROPA PRESS) –

El gobierno quiere elevar el nivel de la ley sobre el papel de las instituciones financieras para actuar “de manera honesta, transparente e imparcial” con los clientes de productos y servicios bancarios, y también para obligar a los bancos a tener sistemas internos que garanticen el cumplimiento de las leyes de protección y conducta del cliente. .

Así consta en una de las enmiendas registradas por los grupos gubernamentales, PSOE y United We Can, a un proyecto de ley para aprobar directivas europeas sobre entidades crediticias, que ha recibido Europa Press.

Después de ser aprobada en mayo, la orden se sentó en el Congreso para su procesamiento como proyecto de ley. Ahora, el Gobierno ha aprovechado para proponer cambios e introducir varias modificaciones a la Ley 10/2014, de 26 de junio, de gestión, gestión y resolución de entidades de crédito.

En el artículo 5, de acuerdo con la protección al consumidor de las entidades de crédito, los grupos ejecutivos buscan agregar un nuevo primer componente que ordene a las entidades de crédito “actuar con honestidad, imparcialidad, transparencia y profesionalidad, con respeto a los derechos e intereses de los clientes”.

“Toda la información dirigida a sus clientes, incluida la publicidad, debe ser clara, suficiente, objetiva y no engañosa. Además, las entidades de crédito siempre deberán proporcionar a sus clientes la información adecuada, de acuerdo con lo establecido en los siguientes apartados., Cláusulas de desarrollo, y todos los demás principios aplicables “, se incluirían nuevas palabras.

De igual forma, la propuesta busca incluir otros apartados dentro de la norma para que el titular del Ministerio de Economía y Transformación Digital ordene disposiciones relativas a la definición, alcance y aplicación de las políticas, procedimientos y controles internos adecuados que requieren los instrumentos de crédito para asegurar su cumplimiento. relevantes a las responsabilidades que les imponen las regulaciones bancarias y de transparencia.

En particular, los grupos proponen añadir una nueva cláusula 8 al artículo 29 de la Ley que estipula que las entidades deben incorporar sistemas internos de control de la estructura y gestión de productos, así como la retribución del personal de ventas, para fomentar un comportamiento responsable y evitar conflictos de interés. .

De la misma manera, las modificaciones propuestas significan que las instituciones de crédito deben contar con políticas y procedimientos sobre prácticas integradas y conjuntas de venta de productos para clientes minoristas.

LA RESPONSABILIDAD MORAL TIENE DIFERENTES MANDAMIENTOS

Las propuestas de los grupos de Gobierno van encaminadas a reforzar la fortaleza del Banco de España en materia de protección al consumidor de servicios bancarios, especialmente al cliente de crédito y servicios o bienes bancarios, excepto los de inversión.

Como lo justifican los grupos que han presentado las enmiendas, las enmiendas proponen elevar el estándar de reglas generales en materia de conducta, que ahora son las mismas, a diferencia de lo que ocurre con los productos de inversión, y también obligar a las corporaciones a contar con procedimientos internos que se aseguran de seguir estos principios.

De esta forma, se facilita la implementación del código de conducta contenido en las directrices de la Autoridad Bancaria Europea, así como, en caso de incumplimiento, utilizar el gobierno autorizado previsto en la propia ley ”, explican grupos gubernamentales.

CAMBIOS DE TIEMPO

Según el Gobierno, las enmiendas antes mencionadas facilitarían la sanción del incumplimiento de las leyes de conducta y protección del cliente en la Ley de Gobierno Corporativo, Gestión y Resolución de Entidades de Crédito, que incluye multas que pueden ser de hasta varias millones de euros.

Con el fin de prever posibles procedimientos para autorizar el incumplimiento de las nuevas disposiciones propuestas, algunas de las enmiendas propuestas determinan que el incumplimiento de la Regla 29.8 o el Artículo 5 sería un delito “muy grave”, salvo que, debido a la población afectado, comportamiento repetitivo o impacto en la confianza de los clientes o el interés y la estabilidad del sistema financiero, “tales violaciones pueden ser consideradas muy importantes”.

Un grupo de parlamentarios socialistas y un grupo parlamentario de la unión parlamentaria de Naciones Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común también han pedido una modificación a la Ley 10/2014 para garantizar que, cuando se aplique a cargos superiores en entidades controladas por el Banco de España. instituciones no crediticias, esto reclama tanto como el de las instituciones de crédito.

Todas estas enmiendas deben discutirse ahora en la Comisión Parlamentaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

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Redacción Prensa
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