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MADRID, 6 de octubre (EUROPA PRESS) –
El PP ha exigido la destitución del consultor de Mercados Competitivos Nacionales (CNMC) Mariano Bacigalupo, esposo de la vicepresidenta Teresa Ribera, por cuestionar que los medios de comunicación estén destacando cambios en los precios de la electricidad.
Así, su portavoz más poderoso en el Parlamento, Juan Diego Requena, recordó que Bacigalupo “ya se había desviado de su camino para defender” al vicepresidente y que “ahora critica que los medios de comunicación informen diariamente sobre la subida de los precios de la electricidad”. Lo que ve como una “clara causa de despido”, que ya existe, asegura, es un “claro conflicto de intereses”.
Por otro lado, también expresa su “preocupación” por el comunicado de Bacigalupo, quien considera “inaudito” que los precios diarios del mercado eléctrico abran la noticia.
En concreto, Bacigalupo confirmó en una conferencia sobre el sector eléctrico la semana pasada que veía “desconocido, insólito y sin precedentes” que “diariamente se están abriendo noticieros por los precios del mercado eléctrico”, y que “los españoles están mirando las noticias con rabia”. muchos “no saben” sobre la factura que pagan, “ni siquiera saben lo que pagaron este mes o hace dos meses”.
Por otro lado, el PP también ha pedido al Gobierno una aclaración en el Parlamento para explicar por qué ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y no la vicepresidenta transitoria de Medio Ambiente, Teresa Ribera, quien ha venido a Argelia a reunirse. Ejecutivo del país para asegurar el suministro de gas a España.
“No tiene sentido abordar un asunto de gran trascendencia para España, como garantía de suministro de gas, Sánchez envía al ministro argelino y no a un cargo de primer nivel, como tercer vicepresidente”, dice Requena.
Para ello, los ‘famosos’ han presentado una petición personal para la comparecencia de ministros en el Parlamento, así como de la “número dos” de Ribera, secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, pero también para explicar los efectos finales.
Con esta lógica, Requena piensa que estas medidas “imponen la inversión internacional y la implementación de alternativas”, y argumenta que la agencia de calificación o los bancos extranjeros “cuestionan la seguridad jurídica de España”.