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En la lista negra de infractores se incluirán las empresas con 600.000 euros y el 10% de las facturas pagadas fuera de plazo.

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MADRID, 8 de mayo. (PRENSA EUROPA) –

El Gobierno creará una ‘lista negra’ anual para identificar a las empresas que hayan incumplido los plazos legales marcados por el Código Penal, incluidas aquellas que registren 600.000 euros en facturas impagadas y que en el año anterior sus pagos. para exportadores a lo largo del tiempo superior al 10% del total.

Esta es una de las medidas acordadas por el PSOE y Podemos para el proyecto de ley de creación y crecimiento empresarial, por el que las Instituciones del Gobierno han acordado sancionar a las empresas que contraten con la Administración e incumplan esta ley hasta en un 50% de los contratos. .

Además, de acuerdo con las reformas que ha logrado Europa Press, los grupos que forman un gobierno de coalición pretenden ampliar la capacidad del nuevo Observatorio de Delitos -cuya creación está prevista en los primeros seis meses tras la aprobación legal-, para ‘conseguir los colores ‘ de las grandes empresas que incumplen la mayoría de los plazos legales.

En el listado anual se incluirán las empresas que, a 31 de diciembre del año anterior, tengan un total de facturas impagadas en el plazo legal superior a 600.000 euros y aquellas cuyo porcentaje de facturas pagadas en el año anterior infringieron la normativa superior al 10,%.

La lista incluye empresas que no pueden presentar resultados cortos de pérdidas, es decir, aquellas que cumplen dos de las tres condiciones: tener más de 4 millones de euros, ventas superiores a 8 millones y más de 50 empleados.

RAZÓN SOCIAL, NIF E IMPORTE NO PAGADO EN FECHA LEGAL.

La relación incluirá la denominación social de la empresa, su número de identificación fiscal y la cantidad que no haya sido pagada en el plazo fijado por los principios básicos. Otras informaciones adicionales, como el orden de información y reclamaciones de los afectados, así como la permanencia de la publicación de la lista, quedan a expensas del desarrollo normativo posterior.

En su legitimación, el PSOE y Unión Podemos pueden defender que “este tipo de actuaciones no pueden ir, ‘prioritarias’, contra la normativa de protección de datos ya que sólo se trata de personas jurídicas que no se han ocupado de la protección de datos de comportamiento personal”.

En ese sentido, argumentan que las normas de protección de datos protegen a las personas indígenas y no jurídicas, por lo que, dicen, los trabajadores por cuenta propia están excluidos de la lista de infractores de este tipo, al ser considerados indígenas.

AJUSTES PARA FORTALECER LA GUERRA CONTRA LO REAL

Esta lista no autorizada coincide con otras medidas que PSOE y Unión Podemos Pretenden Reforzar en la lucha contra la delincuencia, como el uso de restricciones a las empresas adjudicatarias de contratos públicos gratuitos por parte de sus distribuidores, la obligación de informar en sus webs y cuentas anuales. reporte total y monto de facturas pagadas fuera de plazo.

Asimismo, además de sus ajustes también quieren obtener una subvención la empresa debe asegurarse de que los costes de la subvención de sus actividades comerciales se paguen a tiempo, evitando así que una empresa obligue a otra a utilizar el sistema de factura electrónica para el envío de su dinero. factura, o que la fecha de recepción de la factura no pueda entenderse como la fecha de inicio del plazo de pago, salvo en los casos legalmente previstos.

El propósito de este Artículo, que se aplica a los Socios Gubernamentales, es evitar la pérdida de los términos de pago cuando comience a calcular la recepción de las facturas y no para la entrega del producto o la prestación del servicio, según lo estipulado en el Acuerdo. Ley.

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Redacción Prensa
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