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Fedea afirma que la Ley de Vivienda es “ambiciosa” y la considera “inconstitucional”

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MADRID, 24 de abril. (PRENSA EUROPA) –

El Proyecto de Ley de Vivienda, aprobado por el Gobierno a principios de febrero y pendiente de su trámite parlamentario, “representa la voluntad de superar los principales retos a los que se enfrenta” la vivienda en España, según un profesor de Derecho Civil de la Universidad Rovira de Virgili. , Sergio Nasarre, en un artículo publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Nasarre apunta que la normativa impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que será la primera ley de vivienda democrática del país, no atiende las necesidades de vivienda españolas ni corrige “los últimos 15 años de incertidumbre e incertidumbre que mismo. una política de vivienda no científica de nivel no científico”.

La redacción de esta ley llega en un momento en el que el excesivo endeudamiento familiar en España es del 10,1%, según datos de 2020, tasa equivalente al 10,7% de 2011, uno de los peores años convulsos, como recuerda Nasarre en su libro. artículo. A esto se suma el hecho de que muchas familias no pueden pagar una casa debido a la mayor demanda de una hipoteca.

EL TRABAJO ESTÁ ESPERANDO

La situación de conseguir una vivienda empeora, en opinión de Nasarre, si se tiene en cuenta que “ha aumentado la usurpación de la propiedad privada por parte de los poderes públicos”, a través de sanciones, pago de impuestos y expropiaciones, y “protegiendo” la okupación “como forma de tiempo”. .

Ante este contexto, la Ley de Vivienda del futuro debe contemplar la coexistencia de políticas habitacionales multinivel, brindar un marco legal sostenible, constitucionalmente equilibrado y contribuir a hacer más asequible la vivienda, según el académico en su presentación. .

Sin embargo, en su análisis del texto aprobado por el Consejo de Ministros, Nasarre encuentra “medidas improcedentes” y palabras que exponen la futura ley declarada “inconstitucional” al invadir la jurisdicción exclusiva de las comunidades autónomas y cambiar contenidos clave. del derecho a la propiedad.

PROBLEMAS CONSTITUCIONALES

Nasarre aclara en un artículo publicado por Fedea que la Constitución, en su artículo 47, no considera el derecho a una vivienda digna como un derecho fundamental sino como un principio rector de contenido económico y social, por lo que en España el derecho a la vivienda . es un derecho de desarrollo jurídico. Agrega además que en la Constitución no hay obra social de vivienda, sino “obra social de propiedad”.

A pesar de estos matices, el estudioso cree que podrían surgir problemas constitucionales como consecuencia de la toma del poder por parte del Estado que es privativo de las comunidades autónomas. “Varias cláusulas corren el riesgo de violar la constitución, porque es difícil determinar el alcance” que tendrán ciertas cláusulas “, agrega.

Nasarre también expresa su preocupación por la “permanente vulneración del derecho a la propiedad personal por parte de un legislador multinivel”, lo que, a su juicio, podría ocurrir con futuras normativas. En su artículo, señala que la redacción de la Ley establece un método de propiedad de la vivienda desde el Derecho Público, en contraposición a “su antiguo método desde el Derecho Civil”.

“El presidente del Ejecutivo español recomienda al Tribunal cambiar el sistema de ‘propiedad’ de la casa por otro. En nuestra opinión, la propuesta de este proyecto es ilegal, una expropiación ilegítima para los propietarios que ven cómo sus poderes dominicales superan la regla general de el Código Civil”, justifica el autor.

DHANA “MAL”.

La otra crítica de Nasarre a la Ley de Vivienda del futuro son los “conceptos incorrectos”. En particular, señala “deficiencias significativas” en la definición de vivienda.

Para el estudioso, el texto no distingue “casa” de “vivienda ordinaria” y “distorsiona” el concepto de “vivienda ordinaria”. Al mismo tiempo, “mezcla” viviendas, casas y asentamientos, y cae en la oposición cuando se habla de “vivienda digna y adecuada”. “Si no es ‘honrosa y suficiente’, ya no puede ser ‘una casa (es una casa pobre)'”, insiste.

Otra definición que valora Nasarre se encuentra en el concepto de “vivienda precaria” o el de “vivienda social”. El experto admite que es difícil encontrar una definición de “vivienda social”, ya que “el tipo de vivienda social en España es caótico”, ya que la crea el Gobierno y las comunidades autónomas.

Del mismo modo, Nasarre augura “problemas” con la definición de “vivienda vacía”, a la que, según la siguiente ley, se le podrá aplicar un pago adicional de entre el 50% y el 150% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). sanción para el propietario.

“Técnicamente, estamos hablando de inmuebles para uso residencial que no se han utilizado durante dos años y pertenecen a cuatro o más propietarios de inmuebles para uso residencial”, escribe el estudioso.

Otro de los objetivos de la futura normativa es garantizar la vivienda “económica”, para que los jóvenes y las personas de escasos recursos puedan acceder a la vivienda. Pese a ser uno de los conceptos más repetidos, Nasarre cree que su definición de evitar “esfuerzos económicos y domésticos excesivos” es “simplificada”, ya que no especifica el tipo de hogar, su número, ubicación o titularidad.

Existe el peligro de que cuanto más grande y lujosa sea la casa, más cómoda sea y más instalaciones tenga (la piscina, las canchas de tenis), más caras y más “asequibles” sean estas casas. no puede permitirse el lujo de aquellos que necesitan ayuda? él pide.

PEQUEÑOS EFECTOS DE ACCIÓN

Uno de los objetivos del Gobierno con esta normativa es controlar los precios de los alquileres y evitar el acoso mediante la creación de “zonas de estrés” y el establecimiento de índices de referencia. Las autoridades locales serán las encargadas de aclarar la declaratoria de zonas tensionadas, durante un plazo de tres años, aunque podrá prorrogarse año tras año si se presenta la situación. Además, el Ejecutivo otorga crédito fiscal a los propietarios que ofrecen alquiler asequible.

Nasarre advierte en su artículo que el proyecto de ley “no establece explícitamente qué es ‘zona’ y si el término se entiende como municipio o también como condado, estado o suburbio y local. También cuestiona el control de los ingresos por alquileres que podría suponer un descenso de la movilidad de la vivienda, una reducción de la oferta o un aumento de los costes ocultos.

“Las medidas únicas propuestas para las viviendas en zonas de estrés no solo serán limitadas, sino que además, si violan su constitución, muchas han resultado ineficaces y hasta improductivas (…). Algo similar sucede entre todos y se cobran aranceles. sobre casas vacías”, concluye.

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Redacción Prensa
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