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Garamendi reivindica a los organismos independientes tras la marcha del presidente del INE

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Critica la intención del Gobierno de “castigar” a las eléctricas y dice que el paquete antidisputas debería ir “en otra dirección”.

MADRID, 28 de junio. (PRENSA EUROPA) –

El presidente de la Cámara de Comercio de España (CEO), Antonio Garamendi, ha dicho este martes que “las organizaciones independientes deben ser independientes”, tras recibir la noticia de la dimisión de Juan Rodríguez Poo de la presidencia del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“No puedo explicar por qué ni cómo se puede explicar la renuncia del presidente del INE, pero en todo caso estoy exigiendo y defendiendo la independencia del organismo para analizar temas”, dijo Garamendi cuando llegó a la Cumbre de las Autonomías. -Formación de Verano de la Asociación de Trabajadores por cuenta ajena (ATA).

El presidente empresarial ha destacado que CEOE ha dado “un apoyo abierto” al Banco de España y a su gobernador, Pablo Hernández de Cos, así como a la Autoridad de Entidades Financieras de España (AIReF) y a su presidenta, Cristina Herrero Sánchez. Todas las organizaciones que en las últimas semanas han estado en desacuerdo con el Gobierno, como ha ocurrido con el INE.

“En un país como el nuestro es importante tener organizaciones independientes que digan y evalúen las cosas cuando les gusta y cuando no les gusta, no está mal decir las cosas como son, los hechos, porque la mejor manera de tratar los temas es saber la verdad”, dijo Garamendi.

PASO EN OTRA DIRECCIÓN

El presidente del empresariado también ha cuestionado las medidas anunciadas el pasado sábado por el Gobierno, como parte de un plan de tratamiento del conflicto para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

“Hay que ayudar a las personas que pueden estar en necesidad. Creo que los pasos deben ir en sentido contrario”, dijo.

Garamendi también se ha opuesto a la “tasa a la carta” e insistido en que “hay que medir los impuestos”. Respecto a las tarifas de las eléctricas, recordó que eran estas empresas las que debían financiar la Ley de Cambio Climático por importe de 240.000 millones de euros hasta 2030, por lo que no entendía que el Gobierno quisiera “castigar” a esas empresas.

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Redacción Prensa
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