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La CNMC multa a constructoras españolas con 203,6 millones por cambiar concursos públicos

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MADRID, 7 de julio. (EUROPA PRESS) –

La Comisión Nacional del Marketing y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 203,6 millones de euros a seis importantes constructoras españolas a cambio de miles de concursos públicos de construcción y obra civil por 25 años de infraestructuras. Además, ha decidido prohibir que estas empresas lleguen a un acuerdo con la Administración.

Las empresas y restricciones impuestas por el Concurso son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones), según ha informado este jueves la competencia. , que ha anunciado un expediente de acción contra la empresa Lantania.

La CNMC ha señalado que desde 1992 estas seis empresas se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que realizarían trabajos técnicos en base a sus ofertas. Además, intercambiaron información sobre su estrategia de licitación pública.

Entre las miles de licitaciones afectadas hay infraestructuras de prestación general como hospitales, puertos y aeropuertos y autopistas, según la CNMC.

“Se trata de prácticas cuyos efectos han ido en detrimento de la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por la Administración Pública española para la construcción y construcción de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.”, subraya Competencia.

Entre las administraciones públicas más afectadas se encuentran las del ámbito del desarrollo, incluido el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) así como sus organismos y organizaciones empresariales dependientes.

Según Competición, estas prácticas incluyen graves infracciones del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Rendimiento de la Unión Europea.

ESTE ERA UN MODUS OPERAND DE ÓRDENES

La mesa que encabeza Cani Fernández afirma que el ‘modus operandi’ de los autorizados incluía reuniones semanales, que comenzaron en 1992, para analizar las licitaciones de obras públicas que habían sido publicadas en diversas plataformas de contratación del Gobierno.

En estas reuniones, las empresas decidieron las licitaciones en las que participarían -todas o en un pequeño grupo- en todas las partes o funciones que conformarían las ofertas técnicas para las licitaciones. El trabajo fue encargado conjuntamente por miembros del grupo para empresas extranjeras.

Las empresas no podían modificar obras disponibles colectivamente para presentarlas en sus ediciones sin el consentimiento y aprobación de otros miembros del grupo. La única privatización permitida era la inclusión de los logos y nombres de cada empresa en el documento conjunto “para dar una imagen libre al fallo en la presentación de las ofertas”, explica la CNMC.

Estas seis empresas desarrollaron complejas reglas de operación que surgieron cuando perduró esta inusual tendencia, aumentando la Competencia.

Además, en las reuniones semanales, las empresas intercambiaron información comercial sensible (a diferencia de la requerida para participar en la obra), como, por ejemplo, su intención de participar o no en la licitación, o su intención de formar UTE ( Sociedades Cooperativas Temporales) y socios que las vincularían.

En el caso de los contratos de construcción y obra civil de infraestructuras de interés general (hospitales, carreteras, aeropuertos, etc.), la oferta técnica fue a menudo la diferencia competitiva más importante en el período analizado. Según la CNMC, esto supuso el 70% de las puntuaciones de competición, frente al 30% correspondiente a las puntuaciones económicas.

Las obras compartidas por las empresas constructoras fueron cerradas regularmente por la administración como parte de una oferta técnica. En algunos casos, en torno al 5%, venían empresas a participar en un proyecto de licitación que iban a presentar a la Administración.

“El hecho de que el intercambio de intercambios técnicos y de información entre licitadores vulnere la responsabilidad exclusiva de la propuesta y la confidencialidad de las propuestas y priva a las empresas de las libertades necesarias en los procedimientos de contratación pública”, señala la CNMC.

La agencia señala que las empresas rompieron el grupo en 2017 y dejaron claro que este acuerdo podría ir en contra de las normas de Defensa de la Competencia.

BAJA CALIDAD DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La unión temporal aprobada resultó en la menor calidad y calidad de las versiones técnicas presentadas por las empresas a la Administración de Contratos, advierte Competencia.

Este comportamiento también tuvo un impacto en las empresas competidoras, que participaron en los contratos públicos con una pérdida competitiva frente a las empresas de este grupo, ya que se vieron obligadas a incurrir en mayores costos en la elaboración de propuestas técnicas.

Además, a falta de la misma información estratégica que las empresas que formaban este grupo, se modificaron las condiciones de competencia leal entre todos los licitadores, confirma la CNMC.

“Se debe tener en cuenta el impacto general de que las conductas de conspiración fueron competitivas, dada la gran cantidad de trabajos que hubo en las empresas mixtas entre las empresas de este grupo, la gran cantidad que dijo que el trabajo estaba asociado con jornadas laborales más largas”, agrega el criatura.

Las conductas anticompetitivas aprobadas se prolongaron más allá de la entrada en vigor de la prohibición de contratar (22 de octubre de 2015), por lo que el Concurso remitió la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública para que determine su duración y alcance. .

La CNMC recordó que contra estas resoluciones cabía interponer directamente recurso administrativo controvertido ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.


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Redacción Prensa
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