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Las gasolineras la acusan de estar “al borde del cierre” por no cobrar los pagos del bono de combustible.

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MADRID, 12 de mayo. (PRENSA EUROPA) –

La Agrupación Española de Empresas Comercializadoras de Petróleo y Petróleo (Aevecar) y el Centro Español de Servicios Comercializadores (CEEES) han denunciado que muchas empresas aún no han recibido la devolución del bono anticipado en abril para optar a los 20 céntimos el litro de aceite, lo que pone ellos “al borde del cierre”.

En su comunicado, la patronal confirma que hasta el momento no ha habido respuesta por parte del Ministerio de Hacienda “sobre cuándo podrán cobrar” la cantidad de dinero aportada por los comerciantes del sector, lo que está provocando enormes pérdidas a las empresas, entre ellas. no importa su tamaño, pero con especial énfasis en los pequeños, “que se cerrarán si no se pagan de inmediato”.

Así, las dos asociaciones gremiales más representativas del sector de los centros de servicios expresan “su preocupación por la falta de sensibilidad de la Administración”, que no ha podido dar respuesta por escrito a las peticiones de la industria en reuniones separadas con los interlocutores. designado por el Ministerio de Hacienda.

De este modo, acusan a la Administración de desconocer el verdadero alcance de la medida, que su fondo comparte “porque es beneficiosa para los consumidores”, pero que “parece ser muy mala para las gasolineras por su mal diseño y mala ejecución”. .”

En este sentido, tiene en cuenta que la falta de desarrollo del Real Decreto-ley 6/2022 provoca que cada comunidad autónoma actúe de forma diferente, lo que ha creado “condiciones que pueden definirse como quiebra económica, inestabilidad administrativa y falta de seguridad jurídica”. “.

NIEGAN ALEGACIONES DE ASCENSO DEL GOBIERNO.

Además, Aevecar y CEEES “rechazan enérgicamente” las declaraciones de algunos funcionarios del Gobierno que acusan a los ejecutivos de subir los precios de forma arbitraria para fijar una subvención de 20 céntimos.

“Estas protestas crean un clima de malestar y arrojan una sombra de sospecha sobre todo el colectivo que actúa como partícipe obligado de la Administración en la ejecución de la Real Ley 6/2022”, advierten.

Por ello, exigen “respeto” a los empresarios del sector que se han visto obligados a solicitar préstamos para poder desarrollar bonos, cubrir gastos informáticos para cubrir la emisión de facturas y asumir los costes laborales adicionales necesarios. para cubrir las necesidades creadas. “Las opiniones y declaraciones de algunos de los máximos representantes de la Administración están causando un gran daño al sector estratégico para la economía española”, insisten.

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Redacción Prensa
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