El plazo de consulta pública del proyecto de ley finaliza este lunes 6 de septiembre
MADRID, 5 de septiembre (EUROPA PRESS) –
El Foro Multisectorial Contra la Delincuencia (PMcM) considera que el proyecto de ley ‘Crea y Crece’ sobre la formación y el crecimiento de empresas es “humo” para decirle a la Unión Europea que se han tomado medidas para combatir la delincuencia.
Un día después de finalizado el borrador del proceso de consulta pública, Antoni Cañete, presidente del Foro Anticrimen, criticó en una entrevista con Europa Press que, si bien la ley tiene un “buen titular” cuando muestra que las empresas no pagan El El derecho penal no podrá obtener una subvención pública, significa una simple “declaración responsable” que lo acredite.
“A pesar de la reforma a la ley de subvenciones, nos parece bueno que cumpla con la ley penal, pero la prueba de que cumplen no debe ser la información relevante, sino que se han cumplido y verificado ciertos requisitos”, explicó.
Y es que la delincuencia, como ha advertido Cañete, es el factor más importante en el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. En la crisis anterior, una de cada tres empresas y puestos de trabajo se perdieron debido a la morosidad. “Cuando las empresas se retrasan en el cobro o se amplían los plazos de pago, el problema es que no tienen liquidez. Es como sacarles oxígeno”, dijo.
Otro paso clave que impulsa la ley es adoptar facturas electrónicas, revisar la normativa vigente y extender la responsabilidad de emisión y envío de facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales, lo que garantizará un mayor seguimiento y control de los pagos entre ellos. Esta medida permitirá obtener información confiable y rápida para determinar las mejores condiciones de pago, con el objetivo de reducir la criminalidad.
En este sentido, el Foro considera que la introducción de la factura electrónica a todas las pymes es “positiva” y también representará un gran avance en la regulación de los plazos de pago en el país. Sin embargo, advirtió que la redacción no garantiza que habrá una reducción del coste o carga administrativa para las pymes y autónomos. “Al contrario, creemos que seguirán empeorando”, advirtieron.
DIJO SU FALTA DE REPRESENTACIÓN EN LA LEY
Cañete también lamentó que se retire una copia de la Ley Penal que el PMcM tenía legitimado de este tipo de materia penal, diciendo que se crearía una investigación que conduciría al Consejo Estatal de la Pyme. “Sospechamos que el PMcM no tiene representación donde se dice del crimen: este es un claro ejemplo de dejar gallinas frente a zorros”, criticó.
Con respecto a las modificaciones a la ley de contratos del sector público, PMcM recomienda que el subcontratista pueda oponerse a los contratos, que no se limitan a los contratistas y la Administración Pública.
INFORMACIÓN DE LA UE SOBRE ESPAÑA DEL PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO
El pasado mes de junio, la Comisión Europea emitió una final de dos meses para España para paliar los retrasos “extremos” en los pagos de las comunidades privadas y municipales a sus prestadores de servicios privados y así evitar que el asunto acabe en el Tribunal de Justicia de la UE (TUE). .
Con esto en mente, el Gobierno manifestó su compromiso con el plazo para las órdenes penales y envió un informe a la Comisión el 10 de agosto sobre los pasos a seguir para ajustar los plazos de pago, según informó Cañete.
El presidente del Foro ha confirmado que la institución solo se ha reunido con la Unión Europea, quien les ha dicho que está analizando a fondo los documentos que les envía el Ministerio que preside María Jesús Montero.
PROBLEMA PARA LAS PARTES DE PAGO DE AAPP
Como señaló Cañete, el año pasado aumentaron los plazos de pago de la administración pública a la empresa, algo “inexplicable” en un período tan difícil por la crisis provocada por el desastre del Covid-19. “Las empresas han sufrido de falta de liquidez y han tenido que utilizar préstamos ICO para abordar la situación”, dijo el presidente del foro.
Lo que afirma Cañete es que la administración pública española se adhiere al umbral de pago de 30 días establecido en las directivas europeas, ya que actualmente hay “600 municipios” que no cumplen. Por ejemplo, Cañete afirmó que el municipio de Asturias tiene un pago medio de 1.000 días. “Es increíble cuando hablamos de administración pública”, ha condenado Cañete, aunque también valora que otros, como el Barcelona, se adhieran a la legitimidad de los plazos.
QUE EL GOBIERNO CENTRAL CONTROLA EL RETRASO
Por tanto, la solución que propone el Foro es que el Gobierno Central controle las entidades que retrasan el pago de la deuda y sus proveedores. “Que la administración pública no se adhiera a la ley es difícil de explicar”, lamentó Cañete. El foro fue mencionado recientemente por el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas para delinear los pasos que el Gobierno quiere tomar para acciones criminales.
Por su parte, también ha acusado a empresas que cotizan tres veces de honorarios legales. En concreto, las empresas del sector no financiero del Ibex 35 completaron sus facturas en una media de 191 días en 2020, tres veces el plazo legal permitido por la introducción de 60 días, sumando 15 días más respecto a 2019, según últimas. análisis de la Plataforma Multisectorial contra los Delitos realizado por los papeles de capital social y datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Seguridad (CNMV).