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Una treintena de inquilinos se sumarán a la denuncia por denuncias de estafa contra Restalia, entre ellos 100 Montaditos.

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Anuncian que presentarán una denuncia preliminar adicional que ya ha sido acordada en la Audiencia de Madrid

MADRID, 23 jun (PRENSA EUROPA) –

Una treintena de inquilinos se sumarán a una querella por estafa, organización criminal, uso de la fuerza y ​​delitos informáticos contra el Grupo Restalia en un anexo que se presentará ante el Juzgado de Ordenación 52 de Madrid, donde se abrieron diligencias preliminares contra 29 empresas asociadas al grupo – incluyendo 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger–.

El anuncio lo hicieron este jueves los abogados de Cremades & Calvo-Sotelo y Rafael Franco Abogados, quienes representan a los representantes de los presuntos arrendadores. Según mencionaron en conferencia de prensa, 30 inquilinos se sumarán al proceso que ya habían acusado otros 32.

Según los denunciantes, Restalia y los involucrados con las empresas, entre otras cosas, ocultarían la existencia de contratos con proveedores que imposibilitaban el proyecto. Calculan que el Grupo provocaría una pérdida cercana a los 20 millones de euros para los primeros 32 prestatarios. El daño medio, han mencionado, estaría entre los 300.000 euros y los 600.000 euros por inquilino.

“NUMEROS REALES”

Los abogados han querido dejar claro “claramente” que no cuestionan el estilo de la franquicia como negocio. “Sin embargo, ante el desgarrador y sanguinario testimonio de los inquilinos y la actitud del patrón frente a la verdad, creemos que debemos trabajar y reflexionar sobre este hecho”, dijeron.

En el marco de la rueda de prensa, han asegurado que han utilizado “varios filtros” para demostrar que lo que dicen los prestatarios “es cierto”. “Hemos emitido 33 informes profesionales que lo confirman”, recalcaron.

Según esos abogados, la maldita verdad es “muy grave”. “Hay una tendencia inicial: hay contratación arbitraria de arrendatarios con promesas de lucro”, denunciaron. La han llamado la “catástrofe griega por su superioridad”.

Del mismo modo insistieron en que a los arrendatarios se les entregó un plan de negocios con “cifras poco realistas” que derivó en la firma de tales acuerdos. También han acusado cláusulas de suministro exclusivo a proveedores que, en base a lo dicho, ofrecían precios de mercado más elevados.

En rueda de prensa también participaron los tres inquilinos que forman parte de la acción penal contra el Grupo Restalia. El trío ha relatado sus experiencias a los medios y ha criticado que, a su juicio, no se tuviera en cuenta la relación contractual que tenían: desde mejoras societarias hasta problemas empresariales.

“Vamos a la franquicia porque creemos que hay unas lecciones y luego no se llega a ningún compromiso”, insistió Enrique Cebeira, exsecretario general del consejo de administración de la española Restalia Franquiciados, que tenía 100 Montadito y. Buena hamburguesa.

José Antonio Lombardía de Saint-Germain, el franquiciado de Panther, ha confirmado que era un “conejillo de indias” porque era “un modelo que no se ha probado en absoluto”. “Fue una mejora continua, que es todo lo contrario del estilo de la franquicia”, dijo.

Otro comerciante de Buena Hamburguesa (TGB), Julián García Movellán, ha denunciado el envío de carne caducada por parte de uno de los distribuidores de Restalia, según ha dicho, por encargo de un Grupo. Ha manifestado que se negó a venderlo en la zona donde estaba alquilado.

Los tres que presentaron su caso ante los medios sintieron que su propiedad fracasó y se declararon en bancarrota.

INVESTIGACIÓN TEMPRANA

Fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que el titular de la Audiencia consideró oportuno abrir una causa preliminar e insistió en que la investigación se encontraba todavía en una “fase muy inicial”.

Según las mismas fuentes, el juez está a la espera de que se designen los peritos correspondientes para que elaboren un informe técnico sobre la información contenida en la diligencia para determinar si existen o no indicios de sospecha delictiva.

Además de enjuiciar a 29 empresarios asociados a Restalia, también se interpusieron demandas contra el propietario del Grupo, José María Fernández Capitán, y una veintena de directivos de distintos niveles del consorcio.

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Redacción Prensa
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