Descubre cómo el sistema francés establece indemnizaciones de 36.000 euros por víctima y cómo puedes beneficiarte de ello


Demanda de resarcimiento económico

Más de 2.000 afectados de la pederastia eclesial han presentado demanda de resarcimiento económico en Francia. El país se vio sacudido por el escándalo de abusos sexuales en la Iglesia católica el 5 de octubre de 2021, cuando se hizo público un informe que revelaba al menos 330.000 víctimas desde 1950. Este informe fue un golpe para la sociedad francesa, que tuvo que enfrentarse a la magnitud de los delitos cometidos por aquellos que debían representar la moralidad. Dos instancias nacionales independientes, encargadas de reconocimiento y reparación, han recibido hasta ahora más de 2.000 demandas, de las cuales aproximadamente 700 han concluido con una recomendación de indemnización. La media de compensación económica se sitúa en torno a los 36.000 euros, siendo la cantidad máxima posible de 60.000 euros. El perfil de las víctimas es mayoritariamente de personas mayores de 50 años, siendo casi el 70% hombres. Además, en la mitad de los casos, los abusos se produjeron cuando eran menores de 12 años. Es importante destacar que el 60% de los casos ocurrieron en establecimientos escolares. Sin embargo, cuando se trata de abusos a adultos, la proporción de género se invierte, con un 80% de víctimas mujeres y un 20% hombres.

El silencio de las víctimas

Tras la publicación del informe, hubo un fuerte aumento en las demandas presentadas, pero posteriormente el ritmo ha disminuido considerablemente. La mayoría de las víctimas que siguen con vida han optado por el silencio o ni siquiera se han enterado de que tienen derecho a reclamar una indemnización. La asociación Parler et Revivre (hablar y revivir) ha denunciado que el 99,5% de los posibles beneficiarios de compensación no han dado el paso debido a la falta de información o confianza en el proceso. Además, han solicitado que las instancias encargadas de la reparación prolonguen su trabajo más allá del plazo inicial de tres años, que termina en 2024. La comisión encargada de elaborar el informe de 2021 estuvo presidida por Jean-Marc Sauvé, antiguo número dos del Consejo de Estado y católico practicante. Durante dos años y medio, Sauvé y su equipo realizaron un exhaustivo estudio de la situación, que incluyó 3.600 llamadas telefónicas y 2.800 correos electrónicos con las víctimas. Además, se entrevistó en profundidad a unas 250 personas afectadas. Durante el proceso de elaboración del informe, Sauvé quedó sorprendido por la dificultad que tuvo la jerarquía católica para hablar de los hechos con claridad, optando por eufemismos y lenguaje indirecto. Esta actitud explica en parte la cobertura institucional sistémica de los abusos. En una reciente entrevista, Sauvé mostró su satisfacción por la rápida respuesta de la Iglesia para pagar indemnizaciones, pero lamentó la lentitud en la implementación de medidas efectivas de prevención y reformas necesarias para evitar futuros abusos. Entre estas reformas, Sauvé destacó la necesidad de una mayor apertura de la institución hacia los laicos y las mujeres.

El esfuerzo económico de la Iglesia

La Iglesia católica francesa creó un fondo de 20 millones de euros para hacer frente a las indemnizaciones, una cantidad considerada modesta en comparación con el patrimonio total de la institución, estimado en 8.200 millones de euros, incluyendo propiedades inmobiliarias. Algunas diócesis, como la de Bayona, han optado por vender bienes inmuebles para contribuir al fondo, mientras que otras, como la de Estrasburgo, han vendido su cartera de acciones. Sin embargo, los críticos argumentan que el esfuerzo financiero de la Iglesia francesa para reparar el daño causado es mucho menor que el de países como Estados Unidos, Australia u Holanda. En conclusión, el escándalo de abusos sexuales en la Iglesia católica ha impactado profundamente en Francia, generando una oleada de demandas de indemnización. Aunque se han realizado avances en la compensación económica a las víctimas, aún queda mucho por hacer en términos de prevención y reformas internas. La respuesta de la Iglesia ha sido cuestionada debido a la relativa modestia de los recursos destinados a las indemnizaciones.

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